ABOGA DIPUTADA CÁRDENAS POR PEPENADORES Y CHATARREROS

Por: Héctor Gabriel Velázquez (Reportero)

• Ante iniciativa de ley federal para gravar sus actividades

El tema se explica solo, con la mera exposición de la legisladora Selene Lorena Cárdenas Pedraza, del Partido Movimiento Ciudadano, quien por cierto sería respaldada inmediatamente en su pronunciamiento por la morenista Myrna María Encinas.

EL PRONUNCIAMIENTO

• Saludo a diputados.
• Saludo a compañeros de los medios de comunicación.
• Saludo a los ciudadanos que siguen la sesión desde sus hogares y trabajos.

Saludo con especial respeto a las personas que nos acompañan esta tarde y que se han visto afectadas por las nuevas disposiciones sobre la actividad del reciclaje. Les agradezco la espera y, espero que puedan volver ustedes a sus lugares de origen con la certeza de que en esta Trigésima Tercera Legislatura tienen unos aliados que los acompañarán en su lucha por no perder su única fuente de ingresos.

Gracias a Érika Vargas, dirigente de los centros de acopio de reciclaje del Estado de Nayarit, a María de Jesús Chacón, dirigente estatal de los pepenadores, así como a los compañeros de Santiago Ixcuintla, Compostela y Tecuala.

Justo por ello me he tomado la libertad de proponer el presente Punto de Acuerdo, mismo que por parte de la Coordinación Política de esta Legislatura se ha establecido el compromiso de sacarlo en cuanto sesione la Comisión Permanente en el mes de enero.

Hace casi un mes, fue aprobado en el senado de la república el dictamen de la Ley General de Economía Circular, mismo que fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación. Esto podría ocurrir durante los primeros meses del 2022, una vez que inicie el nuevo periodo de sesiones, por ello es urgente que cuanto antes se envíe un mensaje desde Nayarit para que en el estudio de dicho proyecto se tomen en cuenta las demandas de todas las personas que se dedican a la actividad del reciclaje en cada Estado de la república.

¿Cuál es el problema que enfrentan?

Desde el 2019 se aprobó la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos, una norma jurídica que, si bien tenía el propósito en el papel de hacer más amigable con el medio ambiente el proceso de reciclaje terminó por tener en la zozobra a casi 6 millones de personas que dependen de la economía del reciclaje.

Cabe hacer mención, en este punto, que asociado al negocio de la chatarra no sólo se encuentran las personas con el oficio de chatarreros, sino también pepenadores, recicladores y transportadores. Actualmente se estima que existen alrededor de 14 mil empresas familiares dedicadas a esta actividad en todo México.

Pues bien, lo dispuesto en la mencionada Ley sienta las bases para que los diferentes órganos de gobierno puedan entregar el tratamiento de residuos a empresas privadas de gran capital, naturalmente después de presionar tanto a las micro y pequeñas empresas familiares del ramo, que terminen por cerrar y dejar el espacio libre para grandes empresas, muchas de ellas asociadas a los alcaldes o los gobernadores de las entidades donde se vienen dando estos casos. Oaxaca y San Luis Potosí es donde han llevado a la quiebra ya a varias de estas microempresas familiares, arrojando a miles de familias que dependen de la cadena de reciclaje a la calle sin una mejor posibilidad de empleo.

Con estos antecedentes, uno puede entender el temor y la indignación que sintieron los compañeros cuando el alcalde de Santiago Ixcuintla anunció en un programa de noticias, que pretendía cobrarles cinco mil pesos diarios a las familias responsables de los centros de acopio de residuos ubicados en ese municipio. Todavía más temeraria fue la declaración del alcalde, al afirmar, de manera irresponsable que quienes se dedican a esta actividad perciben ganancias netas hasta de 600 o 700 mil pesos, lo que significa hasta un riesgo a la seguridad de estas personas y sus familias, pues genera una falsa percepción de abundancia que los hace vulnerables ante posibles delitos.

Ahora bien, diputadas y diputados, estas personas están aquí desde hace rato, esperando de este Congreso un gesto de adhesión a su causa, esperan de nosotros empatía y compromiso para lograr una eventual solución ante un asunto que a ellos les genera incertidumbre e intranquilidad. Ellos piden que de este Honorable Congreso se haga un llamado a la Cámara de Diputados Federal para que, en la discusión y eventual aprobación del Proyecto de Ley de Economía Circular, no dejen a un lado los principios de Economía Social, mismos que establecen que las políticas económicas que no están sustentadas en el desarrollo del individuo como base de la sociedad, suelen fracasar eventualmente.

No podemos aprobar leyes que protejan al medio ambiente, pero golpeen la economía familiar de un grupo vulnerable de la sociedad. Nuestro trabajo debe consistir en aprobar leyes que busquen el equilibrio medioambiental, pero también el beneficio social.

La Cámara de Diputados Federal, como cámara revisora de este Proyecto de Ley cuenta con la facultad para impulsar la reforma que le dé un sentido social a la misma y evite la pérdida masiva de empleos, particularmente en un escenario de lenta recuperación económica post pandémica.

Por su atención, les agradezco. Les agradezco, a nombre de nuestros amigos aquí presentes en la zona de butacas que se dedican a la actividad del reciclaje, chatarreros, pepenadores, recicladores y transportadores, que puedan apoyar la presente propuesta»

La propuesta fue turnada a la comisión correspondiente, mientras que la diputada Cárdenas acudía a reunirse con pepenadores y chatarreros para refrendarles el compromiso de continuar impulsando la defensa de su causa.

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